Soy Marcos Ramírez

Como doctorante en Administración, he aprendido que el liderazgo y el ejercicio del poder exigen una responsabilidad ética mayor mientras mayor es el cargo que se ocupa. Ese principio también aplica a quienes administran justicia.

Cuando un servidor público emite expresiones que pueden interpretarse como una condena anticipada o como una descalificación hacia una persona antes de que exista una resolución judicial firme, no solo compromete su imagen personal: debilita la confianza ciudadana en las instituciones.

La presunción de inocencia no es una concesión para proteger culpables; es una garantía constitucional para proteger a cualquier ciudadano frente al poder del Estado. Renunciar a ese principio significa aceptar que la opinión sustituya al debido proceso.

La función de un juzgador exige prudencia, objetividad y templanza. La justicia debe hablar mediante resoluciones fundadas y motivadas, no mediante expresiones que puedan interpretarse como prejuicios o descalificaciones.

Criticar este tipo de conductas no es atacar al Poder Judicial; es exigir que sus integrantes honren los principios de imparcialidad, independencia y respeto a los derechos humanos que la Constitución les impone.

Una democracia sólida necesita jueces con criterio, pero también con mesura. La confianza en la justicia comienza por el ejemplo de quienes la representan.